The different stances from the OAS, the U.S., the European Union, Russia, and China on the appointment of the Venezuelan electoral authority’s board of directors will not fast-track a solution through the ballot box. Instead, they trace a long and agonizing path.
By Ingrid Jiménez
El viacrucis electoral venezolano
Las distintas posturas de la OEA, los Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y China en relación con la designación de la directiva de la autoridad electoral venezolana no agilizarán una solución por vía del voto sino que trazan un largo y agónico camino.
Ingrid Jiménez
Después de un proceso de postulaciones que se inició en marzo pasado, la Asamblea Nacional de mayoría progubernamental – elegida de manera no acorde a estándares democráticos internacionales – anunció los directivos del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). Son tres identificados con el gobierno y dos con los factores democráticos.
El nombramiento de la autoridad electoral generó inmediatamente reacciones por parte de la comunidad internacional. La primera fue la Organización de Estados Americanos, a través del Secretario General Luis Almagro, quien rechazó la conformación del liderazgo del organismo debido al origen ilegítimo de la Asamblea Nacional. El comunicado escrito en términos muy duros manifiesta: “Ante la designación en Venezuela de un nuevo Consejo Nacional Electoral por parte de una Asamblea Nacional ilegítima, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) rechaza y condena estas acciones de la dictadura que son contrarias al Estado de Derecho democrático y la independencia de los Poderes políticos del Estado.”
El comunicado incluso llega a llamar “colaboracionistas” a los sectores opositores que negociaron con el gobierno la nueva directiva. Su contenido está alineado con la postura de la Plataforma Unitaria, la alianza opositora encabezada por Juan Guaidó, quien manifestó su rechazo a esta designación, y enfatizó que la consecuencia de querer imponer un cuerpo electoral arrastraría al país a un “mayor desastre”.
La Unión Europea fue mucho más comedida. El portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano, sostuvo que “la Unión Europea seguirá apoyando el diálogo y los esfuerzos en curso para superar el actual estancamiento, por medios pacíficos y democráticos, dirigidos por Venezuela”. Stan destacó que también se requieren otras condiciones que permitan realizar un proceso creíble y transparente.
La Unión Europea siempre ha estado a favor de una salida electoral al conflicto venezolano. De hecho, en 2020, estuvo negociando con el gobierno de Maduro la posposición de las elecciones parlamentarias por al menos seis meses. El fin de dichas negociaciones era obtener algunas condiciones que permitieran realizar un proceso medianamente libre.
Por otra parte, Estados Unidos, a través de la Subsecretaría Interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, señaló que su país: “apoya una solución integral y negociada a la crisis en Venezuela que aborde todos los aspectos y las condiciones necesarias para unas elecciones libres y justas”.
Esta declaración contrasta totalmente con la de hace apenas un año emitida por Mike Pompeo. El exsecretario de Estado abogaba por una transición rápida negociada a la crisis venezolana que permitiera la celebración de elecciones parlamentarias y presidenciales en 2020.
Tras el cambio de administración, los Estados Unidos adoptó una postura más realista. Todo parece indicar que el gobierno de Biden no prevé que se produzca un cambio de régimen a corto plazo. Su estrategia apunta a la reapertura progresiva del juego que permita celebrar elecciones – en este caso regionales – con un mínimo de condiciones.
A pesar de que los Estados Unidos y la Unión Europea denunciaron las irregularidades de las elecciones parlamentarias de 2020 y desconocieron sus resultados, no descartan que esta nueva directiva del CNE facilite el inicio de una negociación de mayor alcance. Entre otras expectativas, estaría la disminución del cerco puesto por el gobierno sobre los partidos políticos y la sociedad civil, uno que ha impedido hasta ahora una mayor organización del espacio cívico.
El gobierno de Maduro parece estar más dispuesto a realizar algunas concesiones con miras a aliviar el peso de las duras sanciones sobre la economía venezolana. La evidencia más palpable ha sido la entrada al país, luego de varios años de negociación, del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas y la eventual apertura para la entrada de más ayuda humanitaria.
Con respecto a Rusia y China, aliados fundamentales del régimen, sus reacciones han sido las siguientes:
Rusia hasta ahora ha mantenido silencio, cuando en otras ocasiones ha respaldado abiertamente la realización de elecciones sin garantías y el nombramiento de anteriores directivas del CNE.
Por el contrario, a través de la agencia Xinhua, China expresó su beneplácito por la designación del nuevo CNE. También destacó el acuerdo alcanzado con la oposición para la conformación de la directiva del organismo.
En el corto plazo, es de esperar que parte de los factores democráticos se reorganicen en torno a una propuesta que les permita participar en las próximas elecciones regionales. En este reacomodo, la Plataforma Unitaria podría quedar en posición desventajosa, no solo frente a sus socios externos que abogan por una solución pacífica al conflicto, sino frente a la mayoría de los venezolanos. La magnitud de la crisis ha despolarizado a la sociedad y prevalece el deseo de que el conflicto se resuelva a través del voto.
Nadie puede llamarse a engaños: el viacrucis venezolano en pos de elecciones libres apenas comienza; pero la lucha por condiciones de cara a las próximas elecciones regionales pueda convertirse en un poderoso factor de movilización social.
After a nomination process that began last March, the pro-government majority National Assembly – elected not in accordance with international democratic standards – announced the directors of the new National Electoral Council (Consejo Nacional Electoral, CNE). Three of them are identified with the government and two with the democratic groups.
The appointment of the electoral authority immediately generated reactions from the international community. The first was the Organization of American States, through Secretary-General Luis Almagro, who rejected the makeup of the body’s leadership in reason of the illegitimate origin of the National Assembly. The press release written in very harsh terms states: “In view of the appointment of a new National Electoral Council in Venezuela by an illegitimate National Assembly, the Office of the Secretary-General of the Organization of American States (OAS) rejects and condemns these actions from the dictatorship that are contrary to the democratic rule of law and the political independence among the branches of government”.
The release even goes as far as to call the opposition groups that negotiated the new board with the government “collaborationists”. Its content is aligned with the position of the Unity Platform (Plataforma Unitaria), the opposition alliance headed by Juan Guaidó, who expressed his rejection of this appointment, and emphasized that the consequence of wanting to impose an electoral body would drag the country into a “greater disaster”.
The European Union was much more restrained. The spokesman for the European External Action Service, Peter Stano, maintained that “the European Union will continue to support the dialogue and the ongoing efforts to overcome the current impasse, by peaceful and democratic means, led by Venezuela”. Stan stressed that other conditions are also required to allow for a credible and transparent process.
The European Union has always been in favor of an electoral solution to the Venezuelan conflict. In fact, in 2020, it was negotiating with the Maduro government the postponement of the parliamentary elections for at least six months. The purpose of these negotiations was to obtain some conditions that would allow for a moderately free process.
On the other hand, the United States, through the Acting Assistant Secretary Bureau of Western Hemisphere Affairs, stated that his country: “supports a comprehensive and negotiated solution to the crisis in Venezuela that addresses all aspects and conditions necessary for free and fair elections”.
This statement starkly contrasts the one issued just a year ago by Mike Pompeo. The former Secretary of State called for a negotiated, rapid transition to the Venezuelan crisis that would allow for parliamentary and presidential elections to be held in 2020.
Following the change of administration, the U.S. adopted a more realistic stance. Everything seems to indicate that the Biden administration does not foresee a regime change in the short term. Its strategy aims at a gradual reopening of the game to allow elections – in this case for local officers – to be held with a minimum of conditions.
Despite the fact that the United States and the European Union denounced the irregularities of the 2020 parliamentary elections and disavowed their results, they do not rule out that the new CNE board of directors will facilitate the beginning of a more far-reaching negotiation. Among other expectations, would be the easing of the siege placed by the government on political parties and civil society, one that has so far prevented a more significant building of the public arena.
Maduro’s government seems to be more willing to make some compromises in order to ease the weight of harsh sanctions the Venezuelan economy. The most tangible evidence has been the entry into the country, after several years of negotiation, of the United Nations World Food Program and an eventual opening for entry of more humanitarian aid.
With respect to Russia and China, fundamental allies of the regime, their reactions have been the following:
Russia has so far remained silent, when on other occasions it has openly supported the holding of elections without guarantees and the appointment of previous CNE officials.
On the contrary, through Xinhua news agency, China expressed its satisfaction for the appointment of the new CNE. It also highlighted the agreement reached with the opposition for the formation of the body’s board.
In the short term, some democratic groups are expected to reorganize around a proposal that will allow them to participate in the upcoming local elections. In this rearrangement, the Unity Platform could be placed at a disadvantage, not only before its allies abroad who advocate a peaceful solution to the conflict, but also before the majority of Venezuelans. The magnitude of the crisis has depolarized society and the desire for the conflict to be settled through the ballot box prevails.
No one can be deceived: The Venezuelan Ordeal towards free elections has just begun; but the struggle for conditions towards the upcoming local elections may become a powerful factor of social mobilization.
