Washington and Brussels articulate a joint foreign policy stance towards Venezuela without lifting sanctions against the Caracas regime. Here is an analysis of the reactions from, impact on, and perspectives among local actors.
By Ingrid Jiménez
Estados Unidos y la Unión Europea: Sanciones por elecciones
Washington y Bruselas articulan una postura conjunta de política exterior hacia Venezuela sin levantar las sanciones contra el régimen de Caracas. He aquí un análisis de las reacciones, el impacto y las perspectivas entre los actores locales.
Por Ingrid Jiménez
A pesar del poco tiempo que tiene el Presidente Biden en el poder, la política internacional se está moviendo a ambos lados del Atlántico. De nuevo cobra protagonismo la crisis venezolana. La declaración surgida tras la última cumbre celebrada en Bruselas entre Estados Unidos (EUA) y la Unión Europea (EU) pone de manifiesto una estrategia conjunta con respecto a Venezuela, que se ha convertido en un verdadero desafío para la diplomacia occidental, en tanto que todas las iniciativas de diálogo y negociación han fracasado.
Desde el gobierno de Barack Obama, EUA comenzó a endurecer su posición frente al régimen venezolano mediante la aplicación de sanciones económicas y financieras que se incrementaron durante los cuatro años de Trump en la Casa Blanca. La EU, con una retórica mucho más moderada, implementó sanciones individuales a altos funcionarios públicos del chavismo.
A diferencia de EUA, los europeos siempre han insistido en la necesidad de resolver el conflicto mediante elecciones con garantías democráticas, bajo un esquema de negociación por etapas. Esto dista mucho del juego suma cero impulsado por el gobierno de Trump y por no pocos sectores de la oposición venezolana.
La declaración de EUA y la EU, al cual se sumó Canadá, constituye una clara señal del cambio de ambas potencias con respecto a su política hacia Venezuela, y constituye un reconocimiento tácito al fracaso de las sanciones como medio para producir un cambio inmediato de régimen. El texto reza: ”damos la bienvenida a los avances sustantivos y creíbles para restaurar los procesos e instituciones democráticos centrales en Venezuela y estamos dispuestas a revisar las políticas de sanciones sobre la base de avances significativos en una negociación integral.” Asimismo, llama a la convocatoria de “todos los actores políticos de Venezuela” y no solo al denominado gobierno interino encabezado por el exdiputado Juan Guaidó.
De hecho, el sector opositor más moderado encabezado por el excandidato presidencial Henrique Capriles y numerosas organizaciones de la sociedad civil participaron activamente en las negociaciones que hicieron posible el nombramiento de un Consejo Nacional Electoral. Este organismo incluyó dos rectores no pertenecientes al oficialismo. Este sector es el que ha venido trabajando pacientemente en abrir un camino para reabrir el juego electoral como mecanismo para activar la organización de los factores democráticos.
Es probable que esta nueva política menos coercitiva y más pragmática contribuya a destrabar el complejo juego político venezolano. La declaración menciona que se busca: “Un proceso de negociación global y acotado en el tiempo debería restablecer las instituciones del país y permitir que todos los venezolanos se expresen políticamente por medio de elecciones locales, parlamentarias y presidenciales creíbles, inclusivas y transparentes”.
Como siempre, el punto álgido lo representan las elecciones libres; pero el texto enfatiza la importancia de las elecciones locales como primer paso. La declaración reconoce en forma tácita que llegar a una elección presidencial constituye un objetivo a largo plazo que supone el cumplimiento de numerosas garantías hoy inexistentes en el sistema electoral venezolano.
Como se sabe, el único objetivo de Maduro en la futura negociación es la eliminación de las sanciones. Sin embargo, esto luce poco probable si no ocurren mayores concesiones por parte del régimen en los próximos meses. A pesar de que la declaración está redactada en tono conciliador, es claro en sus exigencias: “Pedimos la liberación incondicional de todas las personas que hayan sido detenidas injustamente por motivos políticos, la independencia de los partidos políticos, la libertad de expresión, incluida la de los miembros de la prensa, y el fin de las violaciones de los derechos humanos”.
Los primeros gestos de Maduro han sido la liberación de algunos presos políticos, la mencionada conformación del nuevo Consejo Nacional Electoral y la oferta de eliminar a los “protectores” de estados y municipios. Estos han sido funcionarios nombrados por el Presidente de la República para ejercer funciones ejecutivas en los estados y municipios en los que los candidatos progubernamentales perdieron las elecciones.
En este complejo contexto, las elecciones regionales no pueden valorarse exclusivamente desde una óptica de cambio de poder en cargos nacionales. Es indispensable enmarcarlas dentro de la negociación que poco a poco va tomando forma.
Aún hay tiempo para organizar elecciones regionales medianamente competitivas, en especial, si se concreta el envío de una misión de observación electoral de la EU. El liderazgo opositor dividido, ante un electorado desmovilizado, tiene el desafío de reconstruir en algunos meses una plataforma democrática; pero hay que estar claro que el compromiso y el seguimiento cercano de los europeos y el gobierno de Biden resultarán cruciales para concretar este objetivo.
Después de los tumultuosos años de Trump, la alineación de la política exterior de Washington y Bruselas hacia Venezuela enrumba al país hacia una solución quizás más lenta, pero más realista, al conflicto que padece hace ya dos décadas.
Despite President Biden’s short time in office, international politics is moving on both sides of the Atlantic. Once again, the Venezuelan crisis is more prominent. The statement issued after the last summit held in Brussels by the United States (US) and the European Union (EU) shows a joint strategy regarding Venezuela, which has become a real challenge for Western diplomacy, as all dialogue and negotiation initiatives have failed.
Since Barack Obama’s administration, the US began to harden its position towards the Venezuelan regime by applying economic and financial sanctions that increased during Trump’s four years in the White House. The EU, with a much more moderate rhetoric, enforced individual sanctions against high-ranking government officials from Chavismo.
Unlike the US, the Europeans have always insisted on the need to settle the conflict through elections with democratic guarantees, under a phased negotiation scheme. This is far from the zero-sum game encouraged by the Trump administration and by not so few sections of the Venezuelan opposition.
The U.S. and EU joint statement along with Canada is a clear sign of both powers’ shift regarding their policy towards Venezuela, and constitutes an implicit recognition of the failure of sanctions as a means to produce an immediate change of regime. The text reads, “We welcome substantive, credible advancements to restore core democratic processes and institutions in Venezuela and are willing to review sanctions policies based on meaningful progress in a comprehensive negotiation.” It further calls for the convening of “all political actors in Venezuela,” and not just the so-called interim government headed by former Congressman Juan Guaidó.
In fact, a more moderate opposition faction led by former presidential candidate Henrique Capriles and numerous civil society organizations actively participated in the negotiations that made possible the appointment of a National Electoral Council. This body included two directors not belonging to the ruling party. This faction is the one that has been patiently working on making way to reopen the electoral game as a mechanism to trigger the organization of the democratic groups.
This new less coercive and more pragmatic policy is likely to contribute to unlock the complex Venezuelan political game. The statement mentions the search for: “A time-bound and comprehensive negotiation process should restore the country’s institutions and allow for all Venezuelans to express themselves politically through credible, inclusive and transparent local, parliamentary, and presidential elections”.
As always, the crucial point is the free elections; but the text stresses the importance of local elections as a first step. The statement implicitly recognizes that achieving a presidential election is a long-term objective that entails the fulfillment of countless guarantees currently non-existent in the Venezuelan electoral system.
As is known, Maduro’s only objective in the future negotiation is the lifting of sanctions. However, this seems unlikely if no major concessions are made by the regime in the coming months. Although the statement is worded in a conciliatory tone, it is clear in its demands: “We call for the unconditional release of all those unjustly detained for political reasons, the independence of political parties, freedom of expression including for members of the press, and an end to human rights abuses”.
Maduro’s initial gestures have been the release of some political prisoners, the appointment of the new National Electoral Council as mentioned above, and the offer to eliminate state and municipal “protectors”. These have been officials appointed by the President of the Republic to exercise executive duties in the states and municipalities where pro-government candidates lost the elections.
Under this complex scenario, local elections cannot be assessed exclusively from the perspective of a change of power in national offices. It is essential to frame them within the negotiation that is gradually taking shape.
There is still time to organize moderately competitive local elections, especially if an EU electoral observation mission is sent. The divided opposition leadership, faced with a demobilized electorate, has the challenge of rebuilding a democratic platform in a few months; but all must be clear that the commitment and close monitoring of the Europeans and the Biden administration will be crucial to achieve this goal.
After the tumultuous Trump years, the alignment of Washington and Brussels’ foreign policy towards Venezuela puts the country on track for a perhaps slower but more realistic solution to its two-decade-old conflict.
