This investigation exposes the disinformation strategies through which Venezuelan citizens are denied their rights by means of opacity regarding Russia’s failure to
deliver the second dose of its flagship COVID-19 vaccine.
By Ana Julia Niño Gamboa
Sputnik V: segunda entrega suspendida
Esta investigación expone las estrategias de desinformación por las cuales se niegan a los ciudadanos venezolanos sus derechos mediante la opacidad en torno a los incumplimientos de Rusia en la entrega de la segunda dosis de su vacuna insignia anti COVID-19.
Por Ana Julia Niño Gamboa
Resumen ejecutivo
El “faro de luz” en que la propaganda convirtió a la Sputnik-V empieza a presentar “fallas de conexión”. Ya son varios los países compradores de la vacuna rusa que resienten la falta de la segunda dosis para completar el ciclo de inmunización: Guatemala, Bolivia, Paraguay, Argentina y Venezuela hoy no cuentan con una fecha segura para continuar sus respectivas jornadas de vacunación. Rusia promete cumplir; pero no dice cuándo.
El caso podría pasar como un percance logístico debido a la demanda que la vacuna rusa ha tenido, sobre todo en la región latinoamericana. El asunto es que, en Venezuela, este particular se suma como un relato más a la cornucopia de opacidades que rodea el trato cerrado por la administración de Nicolás Maduro con Moscú pendiente por honrarse desde diciembre del año 2020. Para esa fecha, se pagaron US$ 200 millones por 10 millones de dosis, que, al cierre de este informe, a duras penas logra alcanzar la cifra de 1.430.000 vacunas.
Hemos revisado los medios del sistema venezolano de información pública y los sitios web oficiales de la Vicepresidencia, del mismo Ministerio de Salud y otras instancias gubernamentales, a raíz de un tuit en la cuenta del Ministerio de Educación el 8 de junio de 2021 anunciando que la “segunda dosis de la vacuna se podrá aplicar hasta 3 meses después de la primera”, derivado de otro mensaje de la cuenta @sputnikvaccine con fecha 26 de abril de este año, que reporta lo declarado por investigadores del Instituto Gamaleya de Rusia. Anteriormente, se filtró una circular fechada 4 de junio de 2021 suscrita por el Ministro de Salud en la que se indica a los directores y entidades de salud estadales y a los coordinadores de epidemiología que se extendía el intervalo para la segunda dosis de la vacuna rusa de 21 a 90 días.
Nuestra pesquisa evidencia que la información al respecto sigue la misma suerte de los contratos suscritos con el gobierno ruso, de los aterrizajes con ayuda humanitaria y de las jornadas de vacunación, es decir, reina la absoluta ausencia de información y de datos consolidados. Lo poco que se ubica en esas fuentes es propaganda a favor del gobierno ruso o contra Estados Unidos, aparte de la absoluta desinformación que promueven, a veces por acción, otras por omisión, funcionarios obligados constitucionalmente a rendir cuentas públicas y a dar información oportuna y veraz a la ciudadanía.
La revisión de medios que ofrecemos cubre todo el mes de junio y la primera semana de julio de 2021, alcanza a 11 fuentes informativas, repartidas entre el sistema estatal de medios de comunicación, órganos de la administración pública venezolana y medios rusos.
Introducción
Con esta investigación, pretendemos documentar un episodio más de la negociación de las vacunas entre Rusia y Venezuela. En este caso nos referimos al desarrollo de la adquisición de la Sputnik-V, contrato suscrito hace más de seis meses, en el que el gobierno ruso se comprometía a entregar 10 millones de esas vacunas. Al retraso en la entrega de la primera dosis se suma ahora el incumplimiento con la necesaria segunda dosis que complete el ciclo de inmunización iniciado en Venezuela.
El objetivo que nos planteamos es documentar el tratamiento de la información pública por parte del gobierno nacional. Sin embargo, la muestra que recogemos nos conduce al sistemático rastro propagandístico que prevalece en las instituciones públicas. En la mayoría de los casos, el esfuerzo se concentra en promover las bondades del gobierno de Moscú, no solo en relación con las vacunas, sino también una amplia gama de negociaciones, la mayoría indudablemente protegidas por el sigilo de la llamada Ley Antibloqueo.
Hemos explorado 11 fuentes distribuidas entre sitios web oficiales y de medios públicos de ambas naciones. El periodo esta investigación es desde el 1 de junio al 12 de julio de 2021. Debido al dato compartido por el Ministro de Educación en Twitter respecto a la ampliación del tiempo entre la primera y la segunda dosis de la vacuna Sputnik-V, fue necesario verificarlo y contrastarlo en otras fuentes incluyendo el propio sitio web del ministerio y dos medios rusos.
A continuación, se detallan las fuentes exploradas:
Cuadro N.° 1: Medios
| MEDIO | DIRECCIÓN |
| VENEZOLANA DE TELEVISIÓN | vtv.gob.ve |
| TELESUR | telesur.net |
| CORREO DEL ORINOCO | correodelorinoco.gob.ve |
| SPUTNIK MUNDO | mundo.sputniknews.com |
| RT (Russia Today) | actualidad.rt.com |
Cuadro N.° 2: Fuentes gubernamentales
| FUENTE | PAGINA WEB |
| MINISTERIO DE SALUD | mpps.gob.ve |
| SISTEMA PATRIA | covid19.patria.org.ve |
| MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | mppre.gob.ve |
| VICEPRESIDENCIA | Vicepresidencia.gob.ve |
| MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS | mppef.gob.ve |
| MINISTERIO DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN | minci.gob.ve |
Metodología
Nuestro examen se limitó a explorar las fuentes gubernamentales y la cobertura que hicieron los medios seleccionados. A partir de ellos, intentamos comprender lo que revelan y también lo que callan esas fuentes. Este diseño nos permite detectar un patrón de comportamiento y tratamiento de la información pública en manos del poder. También enfocamos la mirada hacia la propaganda marcada por el evidente favoritismo del chavismo hacia Rusia, descuidando su deber constitucional de hacer prevalecer el interés nacional.
Esta es una investigación con perspectiva cualitativa, documental. Nuestro corpus se concentra en las fuentes mencionadas, los datos obtenidos en los sitios oficiales del Ejecutivo nacional y en las unidades de prensa publicadas por los medios seleccionados tanto nacionales como internacionales.
La lectura de las fuentes se hizo en línea. Para ello, hemos utilizado el buscador de Google y en ocasiones su herramienta de búsqueda avanzada. Nuestro instrumento de acopio de información y construcción de datos se apoya en el análisis de contenido, con categorías iniciales para determinar si el medio tiene o no alguna noticia sobre el asunto investigado y si lo tiene, cuál es el enfoque dado.
Contexto
Venezuela resiente no contar con la debida información sobre una jornada de vacunación estructurada en función de lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. En efecto, el 29 de mayo de 2021, el gobierno anunció un escueto plan de vacunación sin más detalles que la selección aleatoria de los registrados en el sitio web del programa de beneficios para leales al gobierno, Sistema Patria. Dicho anuncio se produjo luego de un polémico episodio de reuniones de vacunación entre los círculos más cercanos al gobierno. De modo que no prevalecieron entonces, ni ahora, criterios de salud pública con prioridad a adultos mayores o a pacientes con patologías afines.
Vale recordar que todavía no se supera el incumplimiento ruso para entregar las vacunas prometidas. Hasta el mes de junio de 2021, se ha recibido la exigua cifra de 1.430.000 de los 10 millones negociados en diciembre de 2020. La ciudadanía no cuenta con información consolidada, oportuna y veraz acerca de las razones de este retraso, sobre todo si comparamos las cifras millonarias que se han entregado en Argentina o México. Más allá de esa circunstancia, el gobierno venezolano sigue empeñado en sus negocios para optar por otras vacunas rusas, por ejemplo la EpiVacCorona o la Sputnik Light, sin a ver hasta ahora garantías de cumplimiento. Cuando las menciona, no busca informar, sino que difunde propaganda de su alianza para enfrentar al enemigo común encarnado por el gobierno estadounidense.
A la fecha, la demora se imputa a la dificultad enfrentada por el Instituto Gamaleya para obtener el compuesto de la segunda dosis de la Sputnik-V. Para facilitar más contexto, es oportuno decir que las dos dosis de la Sputnik V son distintas: la primera funciona con el adenovirus 26 (Ad26) y la segunda con adenovirus 5 (Ad5) que actúa como potenciador del efecto. Precisamente, este segundo elemento ha resultado de difícil acceso.
Acá el tema no es solo no admitir la incapacidad del gobierno ruso para dar respuesta oportuna respecto a la producción de la segunda dosis, lo que por cierto afecta varios países; sino también es censurable la sistemática ausencia de información por parte de la administración de Nicolás Maduro. Primero, en la nación nunca se ha podido tener datos acerca de los diferentes convenios suscritos con la administración de Moscú. Esto incluye las vacunas. Cada vez que se recibe el medicamento, se obvia el dato del número exacto de dosis. Tampoco se dice si realmente se reciben vacunas completas con sus dos dosis o no. En esta ocasión se repite el patrón desinformativo.
A la ciudadanía no se le informó oportunamente sobre la posibilidad de que no se aplicaran las dos dosis de la Sputnik. Ahora, cuando cambian las circunstancias, se extiende de 21 días a 90 la aplicación de esta segunda dosis en una circular interna de la que luego no se amplían detalles en los sitios web gubernamentales ni en el sistema de medios públicos. De modo que, a la dificultad de informarse del plan de vacunación, se suma la duda razonable de si se podrá acceder a la prometida inmunización. Peor aún, las personas a las que ya se ha aplicado la primera dosis expresan su preocupación sobre si están inmunizadas plenamente o no. Por otra parte, las que aún no se han vacunado titubean frente a la posibilidad de empezar un ciclo que no pueda terminar. En consecuencia, prefieren no vacunarse. Todos estos escenarios propician que se cuelen los bulos y las teorías conspirativas de los grupos antivacunas, y la responsabilidad directa por todo esto recae sobre la política de opacidad del Ejecutivo nacional.
En todo caso, hay que insistir que, sobre la administración pública sigue bajo la obligación constitucional de informar a la ciudadanía. Incluso, está en la obligación de gestionar las expectativas de acceder al medicamento. El gobierno le debe una explicación al país, una campaña explicativa de la situación y de las acciones a adoptar para que los venezolanos resistan el suplicio de que no se les garantice un plan de vacunación acorde con su delicada situación de salud pública.
En estas circunstancias, un gobierno comprometido con sus ciudadanos activaría la comunicación de riesgos recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Es información basada en la confianza, que supone el trabajo mancomunado entre los que saben (personal médico, academias científicas), los que deciden (el gobierno y las autoridades sanitarias) y los afectados (la gente, la ciudadanía toda). En esa cooperación participan también los medios de comunicación.
Resultados
El examen de los sitios web gubernamentales y lo que difunden los medios del sistema estatal revela un descuido en su deber de informar, sobre todo en estas delicadas circunstancias que pueden representar la diferencia entre la vida y la muerte debido a la enfermedad. Además, al no informar, se abren grietas que alientan la circulación de bulos y la manipulación. Por otra parte, se alimentan teorías conspirativas que exacerban los sesgos desde el miedo.
En esta ocasión, lo primero que salta a la vista es la nota aparecida en la cuenta de Twitter del Ministerio de Salud el día 8 de junio. Un mes después, no se había reproducido en su propio sitio web oficial, ni tampoco halló eco en el resto de los sitios del Ejecutivo nacional.
La estatal Venezolana de Televisión publicó una sola pieza informativa con fecha 27 de junio de 2021 titulada “Una dosis de Sputnik V reduce la mortalidad hasta un 80% en mayores de 60 años, revela un estudio en Argentina”. Sin embargo, la nota no trató las implicaciones para nuestro país, ni hizo mención acerca de la aplicación única que parece volverse la práctica en Venezuela. Tampoco encontramos referencia alguna en Correo del Orinoco. Por su parte, el 20 de junio, el sitio web del canal multiestatal Telesur publicó una pieza informativa con el titular “[La Vicepresidenta] Delcy Rodríguez da seguimiento en Rusia al suministro de vacunas”. Tomó como fuente un tuit publicado el 18 de junio por la misma Vicepresidenta en su cuenta de Twitter. Realmente Telesur copió al calco la nota del sitio web de la Vicepresidencia de la misma fecha del tuit. En el cuerpo de la nota, la noticia es la reunión con el fondo Ruso de Inversión Directa, “para efectuar el seguimiento al Plan de Suministro de las Vacunas Sputnik V y Sputnik Light a Venezuela”. No faltó espacio para colar propaganda según la cual Maduro, “en medio del bloqueo económico impuesto por el gobierno de Estados Unidos, continúa garantizando la protección y la vida del pueblo venezolano”. Respecto a la desordenada jornada de vacunación que se practica en el país, señala: “en Venezuela se desarrolla con éxito la II Fase del Plan de Vacunación Masiva contra la COVID-19”.
En el sitio web de la agencia rusa Sputnik, no encontramos información que explique la demora en la producción y entrega de la segunda dosis. Por su parte, RT publicó cuatro notas relacionadas con el tema bajo análisis. Los titulares son: i) el 23 de junio, “Moscú se pronuncia sobre los reportes acerca de una escasez de la vacuna Sputnik V en Argentina”; ii) el 26 de junio, “Un estudio en Argentina revela que una dosis de Sputnik V reduce la mortalidad hasta un 80% en mayores de 60 años; iii) el 29 de junio, “El laboratorio argentino Richmond anuncia que el próximo lunes comienza la producción del segundo componente de Sputnik V”; y iv) el 12 de julio, “Sputnik V produce alto nivel de anticuerpos y neutralizantes del covid-19 [sic] tras una sola dosis, concluye estudio argentino publicado en la revista Cell”. Todos se refieren al caso argentino; pero nada se dice sobre Venezuela.
Por cierto, con el ánimo de verificar cómo se vive esta preocupación en Argentina, revisamos algunos medios que pudieran dar un contexto acerca de los hechos. La razón de ello es que las autoridades sanitarias argentinas supuestamente tienen estudios que avalan la extensión del lapso de aplicación entre las dosis de la inyección rusa. En nuestras pesquisas, encontramos que los medios argentinos denuncian los retrasos en la entrega de la Sputnik-V. Además, reseñan las declaraciones del Presidente Vladimir Putin, quien reconoce los retrasos y confirma que la segunda dosis no estaba disponible para el mercado externo porque la prioridad era la demanda interna en su país. Este es un dato que no veremos en los medios estatales venezolanos ni en la información del Ejecutivo nacional, que más bien ahora embarca al país en las dosis light de la misma Sputnik-V.
La revisión de estas notas da pista de una política informativa esencialmente centrada en la propaganda. Los contenidos de los sitios web gubernamentales y de la red de medios públicos hacen desaparecer los problemas cotidianos en el espacio público en contracción para el ciudadano, limitado mayormente a las redes sociales. Casi podemos afirmar que sí existe un bloqueo: el que se aplica a la información pública.
Conclusiones
En el actual examen, se repiten resultados de otras investigaciones: el sistema de medios estatales está al servicio del régimen, no de la ciudadanía. En tal sentido, se convierten en instrumentos de propaganda. Es esta una constante observada durante la pandemia, especialmente en asuntos vinculados a su relación con Moscú, en la que se favorece la propaganda y se oculta información que es de índole pública. Esto coarta el derecho constitucional de acceso a la información y evade la obligación de rendir cuentas por parte de los funcionarios públicos.
Administrar la opacidad no supone ningún esfuerzo para el gobierno chavista. Más bien, le permite robustecer su complicidad política con Rusia. De otra forma tendría que reclamar abiertamente el incumplimiento, demandar la devolución de los montos pagados, tal como amenazó la iniciativa de COVAX. Al menos, debería adoptar más medidas que aseguren la salud de los venezolanos, como lo hizo apasionadamente para evitar la llegada de la vacuna de AstraZeneca al país.
Mientras tanto, Rusia no ceja en su afán por promocionar su vacuna por el mundo, aunque ya hay desfases en la fabricación de la primera y la segunda dosis. Una pregunta razonable, cuya respuesta quizás nunca llegue, es si el gobierno de Nicolás Maduro sabía de esta posibilidad desde el día en que desembolsó US$ 200 millones en diciembre de 2020.
Está demostrado que la utilización propagandística de los medios estatales erosiona la democracia y empobrece el debate público. El silencio de las fuentes informativas públicas impulsa el desorden informacional al favorecer la política del rumor, del bulo para posicionar la verdad oficial sin que la sociedad, el mundo académico ni el periodismo puedan contar con un espacio equivalente que le sirva de contrapeso democrático.
Seguimos notando en falta la gestión de esta crisis por parte de las autoridades. Propicio será desistir de esa actitud y promover la colaboración propuesta por la comunicación de riesgos en su carácter de información fundamentada en la confianza para eliminar o mitigar los efectos de la desinformación.
Que el régimen favorezca el posicionamiento de Rusia como el amigo desinteresado de Venezuela se comprende en un escenario que apunta a abrir espacios geopolíticos alejados del centro gravitatorio de Estados Unidos. Sin embargo, es una práctica que no debería estar reñida con la atención a la salud de los ciudadanos y con la necesidad informativa exigida por la democracia.
Executive Summary
The “beacon of light” that the propaganda turned Sputnik-V into is beginning to experience “connection failures”. Several countries purchasing the Russian vaccine are already suffering from the lack of the second dose to complete the immunization schedule: Guatemala, Bolivia, Paraguay, Argentina, and Venezuela do not have a set date to continue their respective vaccination rollouts. Russia promises to deliver but does not say when.
This case could pass as a logistic bottleneck stemming from the demand for the Russian vaccine, especially in the Latin American region. The issue is that, in Venezuela, this case is added as one more tale to the cornucopia of opacities surrounding the deal inked by the administration of Nicolás Maduro with Moscow pending to be honored since December 2020. By that date, US$ 200 million was paid for 10 million doses, which, upon closing of this report, barely manages to reach the 1,430,000-vaccine mark.
We have reviewed the media of Venezuela’s government information system and the official websites of the Office of the Vice President, the Ministry of Health itself and other government agencies, following a tweet from the Ministry of Education’s account on June 8, 2021 announcing that the “second dose of the vaccine may be applied up to 3 months after the first”, based on another post from the account @sputnikvaccine dated April 26 of this year, which reports statements by researchers of Russia’s Gamaleya Institute. Previously, a memorandum dated June 4, 2021 signed by the Minister of Health was leaked, instructing state health directors and entities and epidemiology coordinators that the interval for the second dose of the Russian vaccine would be extended from 21 to 90 days.
Our research shows that the information on this matter follows the same fate of the contracts signed with the Russian government, of the landings with humanitarian aid and of the vaccination days, that is, there is an absolute lack of information and consolidated data. The little that can be found in these sources is propaganda in favor of the Russian government or against the United States, apart from the outright misinformation disseminated, sometimes by action, sometimes by omission, through officials who are constitutionally bound to accountability and to provide timely and truthful information to citizens.
The media review that we offer covers the whole month of June and the first week of July 2021, spans over 11 information sources, distributed among the state-owned media system, Venezuelan public administration bodies, and Russian media.
Introduction
With this research, we intend to document one more episode in the vaccine deals between Russia and Venezuela. In this case, we refer to the unfolding of the procurement of Sputnik-V, a contract signed over six months ago, whereby the Russian government endeavored to deliver 10 million of these vaccines. In addition to the delay in the shipments of the first dose, there is now a failure to deliver the necessary second dose to complete the immunization schedule initiated in Venezuela.
The objective we set ourselves is to document the handling of public information by the national government. However, the sample we collected leads us to the systematic propagandistic trail prevailing in government agencies. In most cases, the effort is focused on promoting the virtues of the Moscow government, not only regarding the vaccines, but also a wide range of negotiations, most of them undoubtedly sheltered by the secrecy of the so-called Anti-Blockade Law (Ley Antibloqueo).
We have explored 11 sources distributed among official websites and public media from both nations. The period of this research is from June 1 to July 12, 2021. Following the news shared by the Minister of Education on Twitter regarding the extension of the time between the first and second dose for the Sputnik-V vaccine, it was necessary to confirm and fact-check it against other sources including the ministry’s own website and two Russian media outlets.
The sources reviewed are listed below:
Table No. 1: Media
| OUTLET | URL |
| VENEZOLANA DE TELEVISIÓN | vtv.gob.ve |
| TELESUR | telesur.net |
| CORREO DEL ORINOCO | correodelorinoco.gob.ve |
| SPUTNIK MUNDO | mundo.sputniknews.com |
| RT (Russia Today) | actualidad.rt.com |
Table No. 2: Government sources
| SOURCE | URL |
| MINISTRY OF HEALTH | mpps.gob.ve |
| SISTEMA PATRIA (Fatherland System) | covid19.patria.org.ve |
| MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS | mppre.gob.ve |
| OFFICE OF THE VICE PRESIDENT | Vicepresidencia.gob.ve |
| MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE | mppef.gob.ve |
| MINISTRY OF COMMUNICATION AND INFORMATION | minci.gob.ve |
Methodology
Our inquiry was limited to reviewing the government sources and the coverage given by the media selected. From them, we tried to understand what these sources reveal as well as what they do not reveal. This design allows us to detect a pattern of behavior and handling of public information in the hands of those in power. We also focused our gaze on the propaganda marked by the evident favoritism of Chavismo towards Russia, disregarding its constitutional duty to make the national interest prevail.
This is a research with a qualitative, documentary perspective. Our corpus focuses on the above sources, the data obtained from the national Executive official sites, and the news items published by the domestic and foreign media selected.
The reading of the sources was conducted online. For this purpose, we used the Google search engine and sometimes its advanced search tool. Our information gathering and data construction tool is based on content analysis, with initial categories to determine whether a media outlet has any news on the subject under investigation and if so, what the focus given is.
Background
Venezuela resents not having appropriate information on a vaccination rollout structured under the guidelines of the World Health Organization and the Pan American Health Organization. Indeed, on May 29, 2021, the government announced a brief vaccination plan with no details other than the random selection of those registered on the website of the benefits program for government loyalists, Sistema Patria. Such announcement followed a controversial episode of vaccination parties among the circles closest to the government. Therefore, public health criteria prioritizing the elderly or patients with associated conditions did not prevail then or now.
It is worth reminding that Russia’s failure to deliver the promised vaccines has not yet been remediated. Up to June 2021, the meager figure of 1,430,000 of the 10 million agreed in December 2020 has been received. Citizens do not have consolidated, timely and accurate information about the reasons for this delay, especially if we compare the figures in the millions that have been shipped to Argentina or Mexico. Beyond this circumstance, the Venezuelan government remains hellbent on its dealings to access other Russian vaccines, for instance EpiVacCorona or Sputnik Light, with no guarantees of compliance so far. When it mentions them, it does not seek to inform but to spread propaganda of its alliance to face the common enemy embodied by the U.S. government.
To date, the delay is attributed to the difficulty encountered by the Gamaleya Institute in obtaining the compound for the second dose of Sputnik-V. To provide more context, it should be noted that the two doses of Sputnik-V are different: The first works with the adenovirus 26 (Ad26) and the second with the adenovirus 5 (Ad5) acting as an effect booster. It is precisely this second compound that has proved difficult to access.
The issue here is not only the Russian government’s failure to admit its inability to provide a timely response regarding the production of the second dose, which by the way affects several countries, but also the systematic lack of information from the Nicolás Maduro administration is reprehensible. First, the nation has never been able to obtain information about the different agreements signed with the Moscow administration. This includes vaccines. Every time the medicine is received, the exact number of doses is not disclosed. Furthermore, it is not stated whether complete vaccines with their two doses are in fact received. On this occasion, the pattern of disinformation is repeated.
The public was not informed in a timely manner about the possibility of not receiving the two doses of Sputnik. Now, when circumstances change, the administration of this second dose is extended from 21 to 90 days in an internal memorandum that is not further detailed on government websites or the state-owned media system. Therefore, in addition to the difficulty of getting news on the vaccination rollout, there is reasonable doubt as to whether the promised immunization will be available. Even worse, people who already have been administered the first dose voice their concern over whether they are fully immunized or not. On the other hand, those who have not yet been vaccinated are hesitant about the possibility of initiating a schedule that may not be completed. Consequently, they prefer not to be vaccinated. All these scenarios are conducive to the dissemination of hoaxes and conspiracy theories of anti-vaccine groups, and the direct responsibility for all this rests with the policy of opacity by the national Executive.
In any case, it must be underscored that the public administration continues to be under the constitutional duty to inform the public. Furthermore, it is bound to manage the expectations of accessing the drug. The government owes the country an explanation, a campaign explaining the situation and the actions to be taken so that Venezuelans will endure the ordeal of not being guaranteed a vaccination plan in accordance with their serious public health situation.
In these circumstances, a government committed to its citizens would activate risk communication as advised by the World Health Organization. It is information based on trust, which implies joint work among those who know (healthcare personnel, scientific association), those who decide (the government and health authorities) and those affected (the people, all citizens). The media are also involved in this cooperative effort.
Findings
The review of government websites and what is disseminated by the state-owned media system reveals neglect of their duty to inform, especially in these sensitive circumstances that may represent the difference between life and death due to disease. Moreover, failure to inform opens cracks encouraging the circulation of hoaxes and manipulation. On the other hand, this feeds conspiracy theories that intensify biases based on fear.
On this occasion, the first thing that stands out is the post appearing on the Twitter account of the Ministry of Health on June 8. One month later, it had not been reproduced on its own official website, nor was it echoed in other sites of the national Executive.
State-owned Venezolana de Televisión published a single news item dated June 27, 2021 under the title “A dose of Sputnik V reduces mortality by up to 80% in people over 60, reveals a study in Argentina”. However, the article did not address the implications for our country, nor did it mention single-dose administration, which seems to become the practice in Venezuela. Additionally, we did not find any references in Correo del Orinoco. On the other hand, on June 20, the website of multistate channel Telesur published a piece with the headline “In Russia, [Vice President] Delcy Rodríguez follows up on the supply of vaccines”. It cites as its source a tweet posted on June 18 by the Vice President herself on her Twitter account. In fact, Telesur copied the item from the Vice-Presidency’s website of the same date as the tweet. In the body of the piece, the news is the meeting with Russia’s Direct Investment Fund “to follow up on the Plan for the Supply of Sputnik V and Sputnik Light Vaccines to Venezuela”. There was also room to sneak propaganda according to which Maduro, “in the midst of the economic blockade imposed by the U.S. government, continues to guarantee the protection and the lives of the Venezuelan people”. Regarding the haphazard vaccination rollout underway in the country, it states: “in Venezuela, Phase 2 of COVID-19 Mass Vaccination Plan is being conducted successfully”.
On the website of Russian agency Sputnik, we did not find any news explaining the delay in the production and delivery of the second dose. For its part, RT published four pieces on the subject under analysis. The headlines are: (i) on June 23, “Moscow speaks out on reports about a shortage of Sputnik V vaccine in Argentina”; (ii) on June 26, “A study in Argentina reveals that one dose of Sputnik V reduces mortality by up to 80% in people over 60”; (iii) on June 29, “Argentina’s lab Richmond announces that next Monday it will begin production of Sputnik V’s second component”; and (iv) on July 12, “Sputnik V produces high levels of antibodies and covid-19 [sic] neutralizers after a single dose, finds Argentine study published in the journal Cell“. All of them refer to Argentina’s case; but nothing is said about Venezuela.
By the way, with the intent of checking how this concern is experienced in Argentina, we reviewed some media that could provide context on the facts. The reason for this is that the Argentinean health authorities supposedly have studies endorsing the extension of the administration period between doses of the Russian drug. In our research, we found that the media in Argentina blew the whistle on delays in the delivery of Sputnik-V. They also reported the statements made by President Vladimir Putin, who acknowledged the delays and confirmed that the second dose was not available for the foreign market because the priority was the domestic demand in his country. This is a fact that we will not learn from Venezuela’s state-owned media or from the information provided by the Venezuelan Executive, which now embarks the country on the light doses of the same Sputnik-V.
The review of these news items hints at an informative policy essentially centered on propaganda. The contents of government websites and the state-owned media system make everyday problems disappear in a shrinking public space for citizens, mostly constrained to social media. We can almost say that there is a blockade: That applied to public information.
Conclusions
In the current review, the results of other investigations are repeated: The state-owned media system is at the service of the regime, not of the citizens. In this sense, they become propaganda tools. This is a constant noticed during the pandemic, especially in matters regarding its relationship with Moscow, in which propaganda is favored and information that is public in nature is concealed. This curtails the constitutional right of access to information and circumvents public officers’ accountability.
Managing opacity does not imply any effort for the Chavista government. Instead, it allows it to strengthen its political complicity with Russia. Otherwise, it would have to openly claim non-compliance, demand the return of the amounts paid, as it threatened the COVAX initiative. At least, it should adopt more measures to ensure the health of Venezuelans, as it passionately did to prevent the arrival of AstraZeneca’s vaccine into the country.
Meanwhile, Russia does not relent in its eagerness to promote its vaccine around the world, although there are already delays in the manufacturing of the first and second doses. A reasonable question, to which an answer may never come, is whether the government of Nicolás Maduro knew about this possibility from the day it disbursed US$ 200 million in December 2020.
It has been demonstrated that the propagandistic use of state media erodes democracy and impairs public debate. The silence of public information sources promotes informational disorder by favoring the politics of rumors and hoaxes to position the official truth without society, the Academia, or journalists being able to have an equivalent space serving as a democratic counterweight.
We continue to assess the management of this crisis by the authorities as a failure. It would be advisable to desist from this attitude and promote the collaboration proposed by risk communication as information based on trust to eliminate or mitigate the effects of misinformation.
It is understandable to notice that the regime favors positioning Russia as a selfless friend of Venezuela in a scenario aiming at opening geopolitical spaces away from the gravitational center of the U.S. However, it is a practice that should not conflict with the health care of citizens or with the need for information as demanded by democracy.
