The international community in the face of Venezuela’s Dec. 6 elections
The meager turnout in non-competitive legislative elections is not enough for the regime’s allies and anticipates an uncertain future for the opposition and democratic nations.
By Ingrid Jiménez
La comunidad internacional ante las elecciones del 6D en Venezuela
La escasa participación en elecciones legislativas no competitivas no basta a los aliados del régimen y anticipa un futuro incierto para la oposición y las naciones democráticas.
Por Ingrid Jiménez
En democracia, las elecciones constituyen una de las fuentes de legitimidad más importantes; pero en Venezuela, en los últimos años, los ciudadanos sienten que carecen de poder real para elegir a los candidatos de su preferencia y que estos, una vez electos, no puedan ejercer efectivamente el poder. Acusaciones de fraude, sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, además de cooptación e intervenciones de los principales partidos opositores, desvirtuaron la naturaleza del voto.
Las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre fueron las menos competitivas en los últimos 21 años. Como ya es costumbre, el Tribunal Supremo de Justicia designó un Consejo Nacional Electoral de tendencia progubernamental, aun cuando la potestad de designación de este órgano recae en la Asamblea Nacional.
Además, se crearon normas a la medida para regular el proceso electoral. Sobre esta materia, la Constitución venezolana es clara al señalar que no se pueden modificar las leyes electorales con menos de seis meses de anticipación al proceso comicial. Hubo al menos dos modificaciones muy importantes: la disminución del porcentaje de diputados electos nominalmente de 70% a 48% y el incremento inexplicable de la cantidad de diputados a escoger de 167 a 277.
La Asamblea Nacional, controlada por la oposición luego de una contundente victoria electoral en 2015, se convirtió en su base institucional y en el centro de la estrategia para lograr el cambio político. El diputado Juan Guaidó, Presidente de la Asamblea Nacional desde el 2019, se juramentó como Presidente Interino después de la controversial reelección de Maduro en el 2018. Guaidó fue reconocido inmediatamente por los Estados Unidos y numerosos países democráticos.
Para las elecciones parlamentarias del 2020 y ante las irregularidades planteadas desde su convocatoria, la Organización de Estados Americanos (OEA), los Estados Unidos, la Unión Europea (UE) el Grupo de Contacto (Grupo Internacional de Contacto, formado por naciones de América Latina y Europa (y el Grupo de Lima (integrado por doce naciones del continente americano) exhortaron al gobierno a restituir las garantías y derechos que permitieran realizar elecciones libres.
La UE fue invitada por Maduro a observar las elecciones. Esta, como muestra de apertura, envió una misión al país para negociar una posible posposición del proceso por seis meses. No obstante, el gobierno se mostró inflexible y finalmente la UE informó en un comunicado oficial que: “sin un aplazamiento y una mejora de las condiciones democráticas y electorales, la UE no puede plantearse el envío de una misión de observación electoral”.
Al evento electoral acudieron como “acompañantes” países aliados del régimen como Rusia, China, Irán y Cuba. Solo estuvieron presentes en algunos centros de votación; pero no estaban autorizados para examinar la calidad del proceso desde su convocatoria hasta el conteo de votos como ocurre con una observación electoral cabal. Por lo tanto, su presencia no representó ninguna garantía de transparencia ni a lo interno ni a lo externo.
La soledad de los centros electorales en todo el país fue la imagen predominante del 6 de diciembre. La participación fue de apenas 30.5% según los datos oficiales y, como era de esperarse, el partido del régimen, el PSUV, obtuvo el 67,6% de los votos, que le garantizan la mayoría absoluta del cuerpo legislativo.
El chavismo solo logró movilizar a sus seguidores más fieles; pero la elevada abstención tampoco significa una victoria para la oposición. La sociedad venezolana se ha ido alejando de la política por las debilidades e inconsistencias exhibidas tanto por el liderazgo oficialista como el opositor, así como por la desesperanza y por el reto que implica la sobrevivencia diaria en un país azotado por la hiperinflación y el mal funcionamiento de los servicios públicos.
Para el gobierno, la recuperación de la Asamblea Nacional no constituye un objetivo menor. Sus principales aliados internacionales requieren que los convenios firmados sean ratificados por este poder Legislativo, tal como lo establece la Constitución. Ni siquiera la Ley Antibloqueo “sancionada” por la espuria Asamblea Nacional Constituyente, no reconocida por actores de importancia en la comunidad internacional, disminuye sus temores con respecto a la ilegalidad de los contratos suscritos con el gobierno chavista.
No es de extrañar entonces que Cuba, Rusia y China fueron los primeros estados que reconocieron el resultado del 6 de diciembre, e incluso China instó a Estados Unidos a respetar al sistema democrático venezolano y sus prácticas.
Todo indica que los Estados que reconocieron al gobierno interino de Juan Guaidó continuaran apoyándolo cuando deje de ser presidente del parlamento. Sin embargo, sin unidad ni reorganización interna de los factores democráticos, resultará más difícil para la comunidad internacional ir más allá de la expresión de su rechazo a los resultados del proceso comicial parlamentario.
Abstenerse el 6 de diciembre sin trazar una estrategia política y comunicacional de cara al 2021 complica el panorama interno y permite prever cada vez más la posibilidad de un gobierno interino en el exilio. Restaría ver cuál será el apoyo real de los principales actores externos a este nuevo experimento.
Sin duda, en el 2021, comenzará una etapa aún más dura de la crisis política venezolana.
In democracy, elections are one of the most important sources of legitimacy; but in Venezuela, in recent years, citizens feel that they lack real power to elect the candidates of their choice and that these, once elected, cannot effectively exercise power. Allegations of fraud, Supreme Court of Justice rulings, in addition to main opposition parties co-opted and intervened, have undermined the nature of vote.
The December 6 parliamentary elections were the least competitive in the last 21 years. As has become a habit, the Supreme Court of Justice designated a National Electoral Council with a pro-government bias, even when the authority to appoint this body lies with the National Assembly.
In addition, custom statutes were enacted to regulate the electoral process. In this regard, the Venezuelan Constitution clearly sets forth that electoral laws may not be modified less than six months prior to the electoral process. There were at least two very significant amendments: The decrease in the percentage of representatives elected nominally from 70% to 48% and the inexplicable increase in the number of representatives to be elected from 167 to 277.
The National Assembly, controlled by the opposition following an overwhelming electoral victory in 2015, became its institutional base and the center of the strategy to effect political change. Congressman Juan Guaidó, Speaker of the National Assembly since 2019, was sworn in as interim president after Maduro’s controversial re-election in 2018. Guaidó was immediately recognized by the United States and numerous democratic countries.
For the 2020 parliamentary elections and in view of the irregularities that have arisen since they were called, the Organization of American States (OAS), the United States, the European Union (EU), the Contact Group (International Contact Group, formed by nations from Latin America and Europe) and the Lima Group (composed of twelve nations from the American continent) urged the government to restore the guarantees and rights that would allow free elections.
The EU was invited by Maduro to observe the elections. As a sign of openness, it sent a mission to the country in order to negotiate a possible postponement of the process for six months. However, the government was adamant and finally the EU informed, in an official statement, that “without a postponement and an improvement in the democratic and electoral conditions, the EU cannot consider sending an electoral observation mission”.
Countries allied with the regime, such as Russia, China, Iran, and Cuba, attended the electoral event as “companions”. They were only present in some poll centers; but they were not authorized to assess the quality of the process from its calling to the counting of votes as it happens with thorough electoral observation. Therefore, their presence did not represent any guarantee of transparency either domestically or abroad.
The emptiness of poll centers throughout the country was the prevailing image of December 6. Turnout was barely 30.5% according to official data and, as expected, ruling party PSUV obtained 67.6% of the votes, granting it an absolute majority of the legislative body.
Chavismo only managed to mobilize its most diehard followers; but the high abstention does not mean a victory for the opposition either. Venezuelan society has been moving away from politics in reason of the weaknesses and inconsistencies displayed by leadership of both the government and the opposition, as well as hopelessness and the challenges of day-to-day survival in a country plagued by hyperinflation and malfunctioning utilities.
For the government, the recovery of the National Assembly is not a lesser goal. Its main international allies require that the agreements entered into be ratified by this Legislative branch, as provided for by the Constitution. Not even the Anti-Blockade Law “enacted” by the spurious National Constituent Assembly, not recognized by relevant stakeholders in the international community, diminishes their concern regarding the unlawfulness of the agreements signed with the Chavista government.
Consequently, it comes as no surprise that Cuba, Russia, and China were the first states to recognize the outcome of December 6, and even China urged the United States to respect Venezuela’s democratic system and practices.
Everything indicates that the states that recognized Juan Guaidó’s interim government will continue to support him when he ceases to be head of the parliament. However, without unity among and internal reorganization of democratic groups, it will be more difficult for the international community to go beyond expressing its rejection of the results of the parliamentary electoral process.
Abstaining on December 6 without devising a political and communication strategy for 2021 complicates the domestic outlook and allows foreseeing the increasing possibility of an interim government in exile. It remains to be seen what the real support of major international stakeholders will be for this new experiment.
Undoubtedly, in 2021, an even harder stage of the Venezuelan political crisis will begin.
