La crisis venezolana: Estados Unidos y la Unión Europea después del 5 de enero de 2021
Por Ingrid Jiménez
La comunidad internacional se halla ante una Venezuela con dos presidentes y dos legislaturas, pro régimen y pro oposición, cuestionadas por su legitimidad y continuidad respectivamente.
Venezuela inicia el año 2021 con un presidente (jefe del régimen), un presidente interino (opositor), una Asamblea Nacional (cuerpo legislativo pleno pro régimen) y una Comisión Delegada (instancia temporal durante vacaciones legislativas, esta pro oposición). En 2019, el diputado Juan Guaidó se proclamó Presidente interino. Para ello, invocó el Artículo 233 de la Constitución Nacional según el cual, de no haber presidente electo para el nuevo periodo del cargo el 10 de enero, el Presidente de la Asamblea Nacional asume la Presidencia hasta que se convoquen nuevas elecciones. Maduro, por su parte, fue reelecto en las votaciones de mayo de 2018, un proceso opaco y sin reconocimiento internacional, lo cual es el sustento del argumento de Guaidó.
En 2020, según lo dispuesto constitucionalmente, se convocaron elecciones a la Asamblea Nacional, con un nuevo Consejo Nacional Electoral, esta vez nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia, bajo normas sobrevenidas en abierta contraposición a dicha Constitución. Debido a las irregularidades presentadas desde su convocatoria, dichas elecciones no fueron reconocidas por gran parte de la comunidad internacional, a excepción de los países aliados de Maduro. Como era de esperarse, el oficialismo obtuvo la mayoría absoluta de los escaños y reconquistó el único poder público que no controlaba.
La respuesta de la oposición ante este proceso, además del llamado a la abstención, fue realizar una consulta popular dirigida prácticamente a los opositores convencidos, pero sin un objetivo estratégico claro.
Además, la Asamblea Nacional saliente modificó el estatuto que rige la transición a la democracia, aprobado a inicios del 2019. Esta reforma permitió prorrogar el periodo del parlamento a través de la permanencia de Comisión Delegada, hasta que existan elecciones libres, justas y verificables, o por un máximo de un año adicional.
En los dos años que transcurrieron desde la proclamación de Guaidó, gran parte de los gobiernos democráticos lo reconocieron como Presidente interino; pero su estrategia no logró concretar la transición política. En este tiempo, se produjeron importantes fisuras en la coalición opositora que fueron deteriorando al gobierno interino.
Lo cierto es que, después del 5 de enero de 2021, la Asamblea Nacional electa en 2015 ya no es legal ni legítima. Esto sin duda tiene repercusiones para el futuro del interinato ante la comunidad internacional.
Los Estados Unidos (EUA), el primer país que respaldó la proclamación de Guaidó, además de desconocer a la Asamblea Nacional elegida el 6 de diciembre de 2020, reiteró que continuaría reconociéndolo como presidente interino, al igual que la Asamblea Nacional instalada en enero de 2016 y su Comisión Delegada. Esta postura podrá variar en los meses por venir, debido al cambio de gobierno y a las divergencias de enfoque en política exterior entre Trump y Biden evidenciadas durante la campaña electoral.
La sede de la Unión Europea (UE) en Bruselas, actor de gran importancia geopolítica en la región, siempre ha tenido una postura multilateralista orientada a la solución negociada del conflicto. Po ello, muy probablemente busque un acercamiento con Biden.
Los europeos, hasta el último momento, trataron de negociar con el régimen la posposición de las elecciones parlamentarias y así lograr un mínimo de garantías democráticas para su realización. El comunicado oficial en desconocimiento de la representatividad democrática del parlamento electo el 6 de diciembre de 2020 destaca que la UE mantendrá su compromiso con todos los actores políticos y de la sociedad civil que luchan por devolver la democracia a Venezuela, incluido en particular Juan Guaidó y otros representantes de la Asamblea Nacional saliente elegida en 2015”. El bloque evitó calificar a Guaidó como Presidente Interino y se refirió al parlamento presidido por él como la “Asamblea Nacional saliente”, a pesar de la continuidad administrativa decretada por el mismo y su decisión de seguir sesionando a través de la Comisión Delegada.
Su posición no excluye el futuro reconocimiento al interinato que puede hacer cada país por separado; pero deja en claro que la UE, en aras de contribuir con la realización de elecciones libres, dialogará con diversos sectores del país y no solo con los actores que han encabezado a la oposición en los últimos dos años.
No es fácil para los gobiernos aliados de la oposición venezolana reconocer la continuidad de la Asamblea Nacional electa en 2015. La causa de ello es que, constitucionalmente, su mandato expiró y con éste la legitimidad del gobierno interino.
La UE considera a Guaidó como un actor fundamental de la oposición, pero no el único. Por tanto, su postura podrá contribuir a abrir el espacio para la finalización de un gobierno interino que nunca existió en la política real.
La experiencia venezolana de los dos últimos años muestra, tal como se señala en Lowenthal y Bitar (2016), que el apoyo de la comunidad internacional constituye un factor más en los complejos procesos de transición, pero no el elemento determinante para desencadenar el cambio.
A partir del 5 de enero de 2021, el reto para los factores democráticos será construir una plataforma política con una narrativa y una estrategia claras a lo interno y externo que permita mantener a la crisis venezolana en la agenda de la comunidad internacional, especialmente de los EUA y la UE.
The international community finds Venezuela with two presidents and two legislatures, one pro-regime and another pro-opposition, questioned for their legitimacy and continuity respectively.
Venezuela begins the year 2021 with a president (head of the regime), an interim president (opposition), a National Assembly (full pro-regime legislative body) and an Acting Committee (temporary body during legislative recess – pro-opposition). In 2019, Congressman Juan Guaidó proclaimed himself as interim president. To this end, he invoked Article 233 of the National Constitution whereby, in the absence of a president-elect as of the start of a new term of the office on January 10, the National Assembly Speaker shall hold the presidential office until new elections are called. Maduro, on his part, was reelected in the May 2018 elections, a non-transparent process without international recognition, which is the basis of Guaidó’s claim.
In 2020, as provided for in the Constitution, elections to the National Assembly were called, with a new National Electoral Council, this time appointed by the Supreme Court of Justice, under supervening rules in clear breach thereof. Due to the irregularities occurred since they were called, these elections were not recognized by a significant part of the international community, with the exception of the countries allied with Maduro. As expected, the ruling party obtained an absolute majority of seats and regained the only branch of power not controlled by the regime.
The response of the opposition to this process, in addition to a call for abstention, was to hold a popular referendum directed practically at diehard opponents, but without a clear strategic objective.
Furthermore, the outgoing National Assembly amended the statute governing the transition to democracy, approved in early 2019. This amendment allowed for the extension of the Parliament’s term making the Acting Committee permanent, until free, fair, and verifiable elections are held, or for a maximum of one additional year.
In the two years since the proclamation of Guaidó, many of the democratic governments recognized him as interim president; but his strategy failed to bring about a political transition. During this time, there were important cracks in the opposition coalition that gradually impaired the interim government.
The fact is that, as of January 5, 2021, the National Assembly elected in 2015 is no longer legal or legitimate. This undoubtedly has repercussions for the future of the interim rule in the face of the international community.
The United States (US), the first country to support the proclamation of Guaidó, in addition to disavowing the National Assembly elected on December 6, 2020, confirmed that it would continue to recognize him as interim president, as would the National Assembly inaugurated in January 2016 and its Acting Committee. This position may vary in the coming months, resulting from the change of government and the differences in foreign policy focus between Trump and Biden that became evident during the electoral campaign.
The headquarters of the European Union (EU) in Brussels, a stakeholder of great geopolitical importance in the region, has always had a pro multilateral position oriented towards a negotiated solution to the conflict. Therefore, it will very likely seek a rapprochement with Biden.
The Europeans, until the last moment, tried to negotiate a postponement of the parliamentary elections with the regime so that a minimum of democratic guarantees to hold them could be achieved. The official statement disavowing the parliament elected on December 6, 2020, as democratically representative underscores that “the EU will maintain its engagement with all political and civil society actors striving to bring back democracy to Venezuela, including in particular Juan Guaidó and other representatives of the outgoing National Assembly elected in 2015″. The bloc avoided to acknowledge Guaidó to be the interim president and referred to the parliament chaired by him as the “outgoing National Assembly”, despite the administrative continuity enacted by this body and its decision to proceed with sessions through its Acting Committee.
Its position does not exclude the future recognition of the interim rule that each country can make separately; but it makes clear that the EU, in the interest of contributing to the holding of free elections, will engage with various stakeholders of the country and not only with those who have led the opposition in the last two years.
It is not easy for those governments allied with the Venezuelan opposition to recognize the continuity of the National Assembly elected in 2015. The reason for this is that, constitutionally, its term has expired and with it the legitimacy of the interim government.
The EU considers Guaidó to be a key player in the opposition, but not the only one. Therefore, its position may contribute to opening a margin for the completion of an interim government that has never existed in real politics.
The Venezuelan experience of the last two years shows, as noted in Lowenthal and Bitar (2016), that the support of the international community is one more factor in the complex processes of transition, but not the determining element to trigger change.
As of January 5, 2021, the challenge for democratic factors will be to build a political platform with a clear narrative and strategy at home and abroad that will allow the Venezuelan crisis to remain on the agenda of the international community, especially that of the US and the EU.
