A Chinese state-owned tech company is sanctioned by the U.S. for supporting Maduro’s online censorship efforts and the local media do not scrutinize this sensitive issue.
By Ana Julia Niño Gamboa
China y su gran muralla cortafuegos para la censura en Venezuela
Una tecnológica estatal china es sancionada por EE. UU. al apoyar a Maduro en sus esfuerzos de censura en línea y los medios locales no someten a escrutinio este sensible tema.
Por Ana Julia Niño Gamboa
Resumen ejecutivo
El 30 de noviembre de 2020, el Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones contra la empresa China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC). En su comunicado, expresa que la “CEIEC ha proporcionado software, capacitación y pericia técnica a entidades del Gobierno venezolano, que luego fueron empleados contra el pueblo de Venezuela”. Además, alega que la mencionada empresa china ha colaborado en "esfuerzos para restringir el servicio de internet y realizar vigilancia digital y operaciones cibernéticas contra opositores políticos”. La reacción del gobierno venezolano fue inmediata, el Canciller Jorge Arreaza expresó en un comunicado que esta “acción ilegal” de EE. UU. es otro intento por desestabilizar a la sociedad venezolana.
La explicación del Departamento del Tesoro pone en evidencia la presencia de China en el ámbito de las telecomunicaciones y de los servicios de vigilancia que la CEIEC ha ejecutado en el país, otro asunto manejado, como casi toda la información pública, con total opacidad. La sanción señala un tema sensible que el gobierno justifica como un ataque más de su enemigo político en su contra y la de su nuevo mejor amigo y aliado, China. El vocero oficial no aporta más detalles porque, ni antes ni ahora, es posible acceder a los convenios de cooperación, acuerdos, contratos que hayan podido suscribirse con Beijing.
Por ello, el asunto merece una atención especial. Es un tema sustantivo que implica el limitadísimo espacio de maniobra ciudadana para acceder al ecosistema digital y la monopólica actividad que se reserva y ejerce el gobierno en esta materia. Ahora, a ello se suma la presencia de China, país cuya tecnología se usa como instrumento en contra de la disidencia civil. Obviamente, los elementos expuestos convocan a una revisión de la cobertura que este asunto suscitó en los medios locales.
A través de la muestra consistente en ocho medios, se propone revelar la cobertura dada a esta información. La revisión se hizo desde el 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2020; se obtuvo un número de unidades periodísticas que pareciera bajo, si valoramos que se trata de vigilancia y ciberoperaciones contra la ciudadanía en general. Estos temas no son ajenos al talante poco democrático del gobierno, además apoyado en la estrategia en práctica por el Partido Comunista Chino, que usa la tecnología para vigilar y reprimir.
Podría afirmarse que, en ocasiones como estas, a los medios venezolanos se les escapan algunos detalles importantes. Más aun, no brindan la contextualización periodística que anticipe temas que deberían estar en la agenda ciudadana. El surgimiento de China como un nuevo aliado en principio no tendría por qué ser un tema censurado. Sin embargo, la amplitud de su influencia en tantos aspectos, que se ha intensificado en medio de la crisis humanitaria compleja agravada a causa del coronavirus, merece una especial atención debido a la opacidad característica de esas relaciones entre Caracas y Beijing.
Introducción
La sanción que el Departamento del Tesoro del gobierno de EE. UU. impuso el pasado 30 de noviembre de 2020 contra la estatal china CEIEC, por su relación con la administración de Nicolás Maduro, pone en relieve un tema muy sensible: la garantía de acceso a internet como parte de los derechos a la libertad de expresión y a la seguridad y neutralidad. Independientemente de la controversia en torno a las sanciones norteamericanas, lo cierto es que se documentan acciones sistemáticas de Venezuela, ejecutadas desde el gobierno, para impedir el libre flujo de la opinión, del disenso y la crítica. El quehacer periodístico y el político se dificultan más, también la acción ciudadana porque la labor policíaca de vigilancia gubernamental invade hasta las comunicaciones privadas, protegidas constitucionalmente.
Por eso, la explicación del Departamento del Tesoro de EE. UU. pone en evidencia la presencia de China en el ámbito de las telecomunicaciones y de los servicios de vigilancia que la CEIEC lleva a cabo en el país, otro tema manejado, como casi toda la información pública, con total recelo. La sanción señala un tema sensible que el gobierno justifica como un ataque más de su enemigo político en su contra y la de su nuevo mejor amigo y aliado, China. El vocero oficial aporta más datos porque, ni antes ni ahora, es posible acceder a los convenios de cooperación, acuerdos, contratos que hayan podido suscribirse con Beijing.
Esta investigación pretende arrojar luz sobre la cobertura mediática hecha en el país sobre este tema. Para ello, se realizaron consultas en línea a los sitios web de ocho medios de comunicación durante tres días, desde el 30 de noviembre, fecha de la sanción emitida por EE. UU., hasta el 2 de diciembre de 2020.
Cuadro N.° 1: medios analizados
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MEDIOS |
DIRECCIÓN |
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AGENCIA XINHUANET |
spanish.xinhuanet.com |
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Metodología
Se trabajó con este caso específico, seleccionado por su actualidad e importancia. Es básicamente una revisión documental centrada en las unidades periodísticas publicadas por los medios seleccionados en el lapso fijado para este estudio. Es una práctica de naturaleza cualitativa oportuna para medir la importancia dada por el ecosistema de medios. La muestra es representativa de ellos pues incluye medios privados y oficiales, entre ellos la agencia china, Xinhua.
La consulta se realizó en línea. En ocasiones tuvimos que apelar al instrumento de búsqueda avanzada de Google, porque los buscadores de algunos medios no son amigables al usuario. En esta ocasión, no consultamos fuentes de instancias gubernamentales porque bastó el comunicado emitido por la Cancillería venezolana. Sin embargo, de los ocho medios consultados, cinco son oficiales, de manera que la postura del gobierno se infiere desde esas publicaciones.
Las piezas informativas suelen repetir el mismo contenido, lo cual hace suponer que las notas son alimentadas por una fuente inicial que no es citada en los textos. Aun así, la mayoría se limita a referirse al comunicado del Departamento del Tesoro de EE. UU. y, en otros casos, al comunicado de la cancillería venezolana. Por tanto, puede afirmarse que lo que no dicen los medios es evidencia de un comportamiento en el que la exhaustividad y la contextualización del periodismo se diluyen. La tendencia puede obedecer a la precarización local del trabajo periodístico, pero también a la política de censura que parece acatarse pasivamente.
Con este trabajo, pretendemos documentar en forma crítica el estado de la información pública, además de cómo sobre ella también gravitan los intereses de China y la protección de los mismos por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Contexto
Todo lo relacionado con el servicio de las telecomunicaciones, la telefonía digital, el acceso a internet, etc. provoca un interés vital en la sociedad venezolana, básicamente porque la infraestructura de servicios a la ciudadanía está deteriorada. Además, también son conocidas y documentadas las acciones del gobierno de Nicolás Maduro para hacer vigilancia digital e interceptar comunicaciones privadas, bloquear los sitios web de medios de comunicación, de organizaciones civiles y políticas por el solo hecho de disentir o criticar. Esto afecta gravemente el ejercicio pleno de la libertad de expresión y el derecho a la información.
El gobierno venezolano prácticamente monopoliza el precario acceso a internet y pone a su merced a las compañías privadas que todavía prestan ese servicio en el país para que actúen en función de las órdenes del Ejecutivo. De esta manera, se priva a la ciudadanía de un servicio seguro y neutral. Están documentados los bloqueos a varios sitios web de medios de comunicación, de agrupaciones políticas, de varias ONG y un extenso etcétera, lo cual ha ocasionado censura y autocensura. A esta experiencia local se suma el hermanazgo entre China y Venezuela, con lazos comerciales ocultos al control ciudadano, lo cual justificadamente engendra desconfianza.
Adicionalmente, el país asiático no goza de muy buena reputación en lo relativo al respeto por la libertad de expresión, por el resguardo de la opinión plural y diversa, por la seguridad de las manifestaciones y protestas sociales (de plano sofocadas). Por el contrario, ha puesto en práctica el uso de la tecnología para vigilar y reprimir.
En 2019, la ONG Amnistía Internacional denunciaba que las autoridades chinas aplicaban estrictos métodos de censura a medios y publicaciones, incluso a los juegos en línea. Explicaban que “con ayuda de empresas privadas de tecnología e Internet, el funcionariado dominaba técnicas de reconocimiento facial, sistemas de registro con nombre real y macrodatos para someter a la población a vigilancia y control masivos e indiscriminados”. Se denuncia que China usó la llamada “gran muralla cortafuegos” para controlar el ciberespacio, con programas maliciosos y ataques de denegación de servicio contra servidores, sitios web y aplicaciones de mensajería que le resultaban problemáticos.
Ninguno de estos aspectos resulta ajeno en la realidad venezolana y las prácticas del gobierno chavista. Entre los motivos expuestos por el Departamento del Tesoro de EE. UU. [fuente en inglés], se asegura que “el conjunto de software y hardware que CEIEC proporcionó a Venezuela es una versión comercializada del “Gran Cortafuegos" de China”. Adicionalmente explica que la CEIEC apoya los esfuerzos cibernéticos maliciosos del gobierno desde 2017, y en ese sentido ha facilitado software, capacitación y pericia técnica a las entidades gubernamentales de Venezuela, luego se utilizó contra la ciudadanía. Asimismo, brinda apoyo cibernético y expertos técnicos a la estatal Compañía Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV), que controla el 70% del servicio de Internet en Venezuela.
Con todo este conjunto de elementos, y sin ánimo de entrar en la polémica sobre las sanciones, lo cierto es que el asunto pone en relieve la duda razonable sobre la bondad de los convenios de cooperación entre ambas naciones. Por tanto, es un tema que merece un lugar en la cobertura de los medios de comunicación, además de una explicación por parte del gobierno venezolano, una más allá de la manida retórica del ataque imperialista contra la revolución bolivariana.
Resultados
Se hallaron 13 piezas informativas, lo que implica que, en promedio, cada medio hizo menos de dos notas sobre este tema. Se detecta repetición en los contenidos publicados. Eso hace presumir que hay una fuente primaria única; pero no aparece citada en el cuerpo de la noticia. La mayoría se refiere lógicamente al comunicado del Departamento del Tesoro y al de la cancillería venezolana en rechazo a la sanción contra la empresa china. Sigue faltando un esfuerzo de la contextualización, un trabajo periodístico que dimensione y le dé perspectiva a las implicaciones de estos hechos. La tendencia puede obedecer a la precarización del trabajo periodístico pero también a la evidente censura que afecta a los periodistas y medios de comunicación.
En el Cuadro N.° 2 detallamos los titulares de los medios revisados. Se nota la similitud de los términos referentes a la denuncia de Venezuela y China en contra de las sanciones del gobierno de EE. UU. Sin embargo, las notas adolecen de un acercamiento más próximo a los efectos de la cooperación china, al menos alguna alusión a la existencia y condiciones de este tipo de convenios con un país que ha hecho de su tecnología un arma de represión. En cierta forma, este hecho debe hacer sonar las alarmas sociales de lo que esas alianzas implican para los venezolanos.
Cuadro N.° 2: titulares en los medios examinados.
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Llama la atención el tono de las notas publicadas en los medios oficiales, pues, tal como señalamos antes, pareciera que tienen una fuente común no identificada en el texto. Esto además les confiere un tono neutro que ni siquiera justifica la voz oficial plasmada en el comunicado de la cancillería. Salvo el artículo publicado por La Iguana TV, de tendencia progubernamental, el día 2 de diciembre, titulado “¿A qué se dedica la compañía china que EE. UU. sancionó por cooperar con Venezuela?”, ningún otro plantea un asunto distinto a lo reseñado en los titulares.
Conclusiones
En general, el gobierno venezolano realiza una gestión discrecional del acceso a la información pública, y le resulta ajena la obligación de rendir cuentas de los asuntos públicos. En este caso, se delata esta práctica: en el comunicado de la cancillería en contra de la medida norteamericana, no hay el más mínimo asomo de explicación de los términos del convenio entre el gobierno y la CEIEC. En cambio, sí se apela al ya desgastado discurso del imperialismo yanqui en contra de una revolución que no es tal.
Podría esperarse que la legitimidad y la legalidad de los convenios con China pudieran ser conocidas por los venezolanos; pero la opacidad sigue entronizada como política comunicacional del gobierno. Ese hermetismo despierta justificadas sospechas, desconfianzas que le hacen daño a la convivencia plural, que se espera de un gobierno afecto a presumir de democrático, y da lugar a la desinformación.
Por su parte, los medios de comunicación muestran una especie de ligereza en el tratamiento de asuntos como el tratado en este trabajo, pues esquivan abordarlo con un periodismo más robusto, uno dispuesto a mostrar lo que el poder quiere ocultar.
Executive Summary
On November 30, 2020, the U.S. Department of the Treasury imposed sanctions against the China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC). In its statement, it expresses that “CEIEC has provided software, training, and technical expertise to Venezuela government entities, which was then used against the people of Venezuela”. Furthermore, it alleges that the mentioned Chinese company has collaborated in “efforts to restrict internet service and conduct digital surveillance and cyber operations against political opponents”. The reaction of the Venezuelan government was immediate. Foreign Affairs Minister Jorge Arreaza expressed in a press release that this “illegal action” by the U.S. is another attempt to destabilize Venezuelan society.
The explanation of the Department of the Treasury puts in evidence the presence of China in the field of telecom and surveillance services conducted by CEIEC in the country, another matter handled, like almost all public information, with total opacity. The sanction points to a sensitive issue that the government justifies as yet another attack by its political enemy against it and its new best friend and ally, China. The government spokesperson provides no further facts since, then and now, is it impossible to access the cooperation agreements, treaties, or contracts that may have been signed with Beijing.
Therefore, the matter deserves special attention. It is a substantive issue that implies the very limited space for citizen maneuvering to access the digital ecosystem and the monopolistic activity that the government reserves and exercises in this field. Now, to this is added the presence of China, a country providing technology used as a tool against civil dissent. Obviously, the above facts call for a review of the coverage given to this issue by local media.
Through a sample consisting of eight media, our aim is to reveal the coverage given to this information. The review was conducted from November 30 to December 2, 2020; the number of news items was obtained seems low, if we consider the fact that it is about surveillance and cyber-operations against citizens in general. These issues are not alien to the undemocratic nature of the government, further reliant on the strategy in place by the Chinese Communist Party, which uses technology to police and repress.
It could be said that, at times like these, the Venezuelan media miss some significant details. Furthermore, they do not provide the journalistic contextualization anticipating issues that should be on the citizens’ agenda. The emergence of China as a new ally should not be a censored issue in principle. However, the extent of its influence in so many aspects, which has broadened in the midst of the complex humanitarian crisis intensified by the coronavirus, deserves special attention in view of the trademark opacity of those relations between Caracas and Beijing.
Introduction
The sanction imposed by the U.S. Treasury Department on November 30, 2020, against Chinese state-owned company CEIEC for its relationship with the administration of Nicolás Maduro, highlights a very sensitive issue: The guarantee of Internet access as part of the rights to freedom of expression and to security and neutrality. Regardless of the controversy surrounding the U.S. sanctions, the truth is that the systematic actions by the Venezuelan government to prevent the free flow of opinion, dissent, and criticism are being documented. Journalistic and political endeavors become increasingly difficult, so does citizen action because the police work of government surveillance invades even constitutionally protected private communications.
For this reason, the U. S. Treasury Department’s explanation underscores China’s presence in the field of telecom and surveillance services that the CEIEC performs in the country, another issue that is handled, like almost all public information, with total secrecy. The sanction points to a sensitive issue that the government justifies as yet another attack by its political enemy against it and its new best friend and ally, China. The government spokesperson provides no further facts since, then and now, is it impossible to access the cooperation agreements, treaties, or contracts that may have been signed with Beijing.
This research intends to shed light on the media coverage done in the country regarding this matter. For this purpose, online review on the websites of eight media outlets was done for three days, from November 30, the date of the sanction issued by the United States, until December 2, 2020.
Table 1: Media reviewed
| OUTLET | URL |
| XINHUANET AGENCY (in Spanish) | spanish.xinhuanet.com |
| TELESUR | telesur.net |
| VENEZOLANA DE TELEVISIÓN | vtv.gob.ve |
| ÚLTIMAS NOTICIAS | ultimasnoticias.com.ve |
| LA IGUANA TV | laiguana.tv |
| CORREO DEL ORINOCO | correodelorinoco.gob.ve |
| EL NACIONAL | elnacional.com |
| EFECTO COCUYO | efectococuyo.com.ve |
Methodology
We worked on this specific case, chosen because of its current relevance. It is essentially a documentary review focused on the news items published by the media selected in the time frame set for this study. It is a practice of a qualitative nature, appropriate for measuring the importance given by the media ecosystem. The sample thereof is representative since it includes private and pro-government media, among them the Chinese agency, Xinhua.
The review was conducted online. Sometimes we had to resort to Google’s advanced search tool, because some media’s search engines are not user-friendly. On this occasion, we did not review government sources because the press release issued by Venezuela’s Foreign Affairs Ministry was sufficient. However, of the eight media analyzed, five are government leaning, so the government’s position is inferred from those publications.
The news pieces tend to repeat the same content, which suggests that the notes are based on an initial source that is not cited in the texts. Even so, most of them limit themselves to referring to the U.S. Treasury Department press release and, in other cases, to that of Venezuela’s Foreign Affairs Ministry. Therefore, it can be stated that what the media does not say is proof of a behavior in which thoroughness and journalistic contextualization are diluted. This tendency may be triggered by local precious conditions for journalistic work, but also to the policy of censorship that seems to be sheepishly observed.
With this work, we aim to critically document the status of public information, and how the interests of China and the protection of those interests by the government of Nicolás Maduro also weigh on it.
Context
All things related to telecom and digital phone services, Internet access, etc. are of vital interest to Venezuelan society, primarily because the infrastructure of services to citizens is deteriorated. In addition, the actions of the Nicolás Maduro government to conduct digital surveillance and intercept private communications, blocking the websites of media outlets, civil and political organizations, for the mere fact of dissenting or criticizing, are also known and documented. This seriously impairs the full exercise of freedom of expression and the right to information.
The Venezuelan government practically monopolizes the precarious access to the internet and puts at its mercy the private companies that still provide this service in the country so that they act on orders from the Executive. In this way, citizens are deprived of a safe and neutral service. The blocking of several websites of the media, political groups, NGOs, and a wide range of other organizations has been documented, resulting in censorship and self-censorship. Added to this local experience is this fraternity between China and Venezuela, with commercial ties concealed from citizen oversight, which legitimately breeds distrust.
In addition, the Asian country does not enjoy a very good reputation in terms of respect for freedom of expression, for safeguarding plural and diverse opinion, for the security of social demonstrations and protests (which have been outright stifled). Instead, it has put in place the use of technology to police and repress.
In 2019, NGO Amnesty International denounced [source in Spanish] that the Chinese authorities applied strict censorship methods to media and publications, including online games. They explained that “with the assistance of private technology and Internet companies, civil servants mastered techniques of facial recognition, real-name registration systems, and big data to subject the population to massive and indiscriminate surveillance and control”. It is reported that China used the so-called “great firewall” to control cyberspace, with malware and denial of service attacks against servers, websites, and messaging applications that were inconvenient to them.
None of these facts is stranger to the Venezuelan reality and the practices of the Chavista government. Among the reasons cited by the U.S. Department of the Treasury is that “the suite of software and hardware that CEIEC provided Venezuela is a commercialized version of China’s ‘Great Firewall’”. It also explains that CEIEC supports the government’s malicious cyber-efforts since 2017 and, in this regard, it has provided software, training, and technical expertise to Venezuelan government agencies, which was then used against citizens. Likewise, it provides IT support and technical experts to state-owned Compañía Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV), which controls 70% of the Internet service in Venezuela.
With all this set of facts, and without delving into the controversy on the sanctions, the truth is that the matter highlights a reasonable doubt on the virtues of the cooperation agreements between both nations. Therefore, it is an issue that deserves a place in the media coverage, in addition to an explanation by the Venezuelan government, one that goes beyond the usual rhetoric of an imperialistic attack against the Bolivarian Revolution.
Results
Thirteen news items were found, which implies that, on average, each outlet released less than two pieces on this subject. Repetition was detected in the contents published. This leads to the presumption that there is a single primary source; but it is not cited in the text of the news. The majority logically refer to the press release from the U.S. Treasury Department and that of Venezuela’s Foreign Affairs Ministry in rejection of the sanction against the Chinese company. There is still missing a contextualization effort, a journalistic work that provides depth and perspective to the implications of these facts. This tendency may be triggered by the precarious state of journalistic work but also by the evident censorship affecting journalists and the media.
In Table No. 2, the headlines of the media reviewed are itemized. The similarity of the terms regarding the condemnation of the U.S. government sanctions from Venezuela and China is noted. However, the news items lack a closer look into the effects of Chinese cooperation, at least some allusion to the existence and conditions of this type of agreements with a country that has made its technology a weapon of repression. In a way, this fact should sound the alarm among the society on what these partnerships entail for Venezuelans.
Table 2: Headlines in the media studied
| OUTLET | HEADLINE |
| XINHUANET AGENCY (in Spanish) | China Urges U.S. to Lift Sanctions against Chinese Companies |
| TELESUR | 11/30/2020: Venezuela denounces illegal U.S. sanctions against Chinese company12/1/2020: China demands that the U.S. lift sanctions against Venezuela12/3/2020: China rejects U.S. accusations and measures against its country |
| VENEZOLANA DE TELEVISIÓN | 12/1/2020: Beijing condemns U.S. sanctions against Chinese company CEIEC for links with Venezuela |
| ÚLTIMAS NOTICIAS | 11/30/2020: Venezuela rejects U.S. harassment following sanctions on Chinese company CEIEC |
| LA IGUANA TV | 12/1/2020: This is how China reacted to the U.S. sanctions against CEIEC because of its ties with Venezuela12/2/2020: What does the Chinese company sanctioned by the U.S. for cooperating with Venezuela do? |
| CORREO DEL ORINOCO | 11/30/2020: The U.S. sanctions the Chinese state-owned company CEIEC for its relationship with Venezuela |
| EL NACIONAL | 11/30/2020: Regime denounces U.S. attack to sanction Chinese tech firm12/1/2020: China demands that the U.S. lift sanctions on tech company operating in Venezuela |
| EFECTO COCUYO | 11/30/2020: The U.S. sanctions Chinese company for restricting internet and monitoring opponents in Venezuela12/1/2020: China demands that the U.S. lift sanctions against a tech company operating in Venezuela |
The tone of the news items published in pro-government media is noteworthy, since, as pointed out above, they seem to have a common source not identified in the text. This also gives them a neutral tone that does not even justify the official voice in the press release from the Foreign Affairs Ministry. With the exception of the article published by government-leaning La Iguana TV on December 2, with the headline “What does the Chinese company sanctioned by the U.S. for cooperating with Venezuela do?”, no other outlet addresses any other issue than what was mentioned in the headlines.
Conclusions
In general, the Venezuelan government manages access to public information in a discretional manner, and is not accountable for public affairs. In this case, this practice is revealed: In the press release from the Foreign Affairs Ministry against the measure by the US, there is not the slightest hint of an explanation of the terms of the agreement between the government and the CEIEC. Instead, it does appeal to the already worn-out discourse of Yankee imperialism against a revolution that is not such.
It could be expected that the legitimacy and legality of the agreements with China could be known by Venezuelans; but opacity continues to be enshrined as the government’s communication policy. This secrecy breeds legitimate suspicions, mistrust that damage the pluralistic coexistence expected from a government that boasts at being democratic, and makes room for disinformation.
For their part, the media show a kind of levity in their treatment of issues such as the one addressed in this piece, since they avoid covering it with a more robust journalism, one willing to expose what those in power want to hide.
